Santo Domingo, R.D. El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26, recientemente promulgada como parte del proceso de reforma tributaria, no establece impuestos directos a las suscripciones de plataformas digitales realizadas por ciudadanos en la República Dominicana, desmintiendo interpretaciones que circularon en distintos espacios sobre un supuesto nuevo gravamen a servicios como streaming o entretenimiento digital.
La institución precisó que el alcance de la normativa no está orientado a crear un impuesto específico sobre el consumo de plataformas digitales por parte de los usuarios finales, sino a reorganizar aspectos del sistema tributario y establecer mecanismos de recaudación aplicables en otras áreas de la economía digital, especialmente en operaciones realizadas con proveedores del exterior.
En el debate público generado tras la aprobación de la ley, surgieron preocupaciones sobre un posible impacto en servicios de suscripción digital, lo que llevó a diversas aclaraciones oficiales, en las que se ha insistido en diferenciar entre el consumo del usuario y los esquemas de retención aplicados a transacciones comerciales internacionales.
De acuerdo con los elementos conocidos del proceso de reforma, las disposiciones relacionadas con economía digital se enfocan principalmente en pagos realizados al exterior por servicios tecnológicos, licencias de software, publicidad digital y otros servicios similares, bajo esquemas de retención fiscal aplicados a empresas proveedoras no residentes, y no directamente al usuario individual.
En ese sentido, las autoridades han reiterado que el objetivo de la reforma es modernizar el sistema tributario y adaptarlo a la economía digital global, sin trasladar de manera automática nuevas cargas impositivas a las suscripciones personales de los ciudadanos a plataformas de entretenimiento o servicios en línea.
El Ministerio de Hacienda ha insistido en que cualquier interpretación sobre nuevos impuestos al consumo digital debe ser manejada con precisión técnica, ya que la estructura de la Ley 30-26 responde a un rediseño más amplio del sistema fiscal y no a la creación de tributos aislados sobre servicios específicos.
La aclaración busca llevar tranquilidad a los usuarios, en medio de un escenario de discusión pública sobre el alcance de la reforma fiscal y sus efectos en la economía digital en el país.
